La Corte de Apelaciones sancionó a Copesa por difundir información falsa en 1973. El Colegio de Periodistas de Chile valoró el fallo y lo tildó de “necesaria reparación”.

Santiago. – Los montajes comunicacionales y la difusión de información falsa fue el pan de cada día durante la dictadura de Augusto Pinochet. En ese marco los grupos periodísticos Copesa y El Mercurio jugaron como los principales aliados disfrazando de enfrentamientos miles de crímenes cometidos por los agentes represivos. Situaciones que con los años han sido develadas y condenadas tanto por la justicia como por el Colegio de Periodistas.

En ese ámbito este viernes la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al diario La Tercera pedir disculpas públicas por una noticia falsa publicada en 1973. El 2 de octubre de ese año el matutino informó de la ejecución de los “extremistas” Jorge Oyarzún Escobar y Juan Escobar Camus, ocurrida luego de atacar con disparos una población militar.

Ambos fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos según el Informe Rettig. Hecho que también fue confirmado por el fallo del ministro Hernán Crisosto en el año 2016 y ratificado por la Corte Suprema en 2018. Oyarzùn y Escobar fueron atacados por un militar al llegar a la calle Arauco con Nataniel y luego fueron detenidos y asesinados frente a un muro de la Escuela Haití.

Es por ello que Copesa deberá publicar una nota de rectificación de esta noticia falsa luego que se acogiera el recurso de protección presentado por Paola Oyarzún Escobar, hija y sobrina de las víctimas.

El fallo apuntó que “para una correcta decisión es menester tener presente que en el orden internacional el derecho de rectificación o respuesta se encuentra expresamente reconocido a favor de los individuos que se sienten perjudicados o afectados negativamente por alguna publicación periodística emanada de un medio de comunicación social”.

Y agregó que “la empresa periodística Copesa S.A. debe proceder a través de su diario La Tercera, a publicar la rectificación que le fue requerida por comunicación de 24 de octubre de 2018, acompañada al recurso, en los términos que le fue solicitada; esto es, con pública disculpa y en el mismo tenor de la publicación de 1973, con la misma extensión y visibilidad con la que fue publicada, sin costas por no haber sido solicitadas”.

Tras la decisión del Tribunal de Alzada el Colegio de Periodistas valoró la sanción y señaló que “es una necesaria acción de reparación a las víctimas, pero también como una poderosa señal de reparación y rectificación histórica, social y periodística. Como orden profesional, creemos que ningún hecho informativo falso o distorsionado, así como el ocultamiento de información relevante por parte de los distintos medios de comunicación, puede quedar impune”.

Asimismo, añadió que el dictamen “marca un precedente histórico que nos permite volver a interpelar a los medios de comunicación, a reconocer los engaños cometidos y, adicionalmente, pedir disculpas públicas a la ciudadanía en su rol de cómplices pasivos en el ocultamiento de la verdad. Nuestro Colegio está atento a la labor permanente de los medios de comunicación como garantes de la construcción de verdad y justicia, así como la entrega de información basada en los principios inalienables de los Derechos Humanos”.

En la misma línea el gremio recordó algunas condenas emitidas por el Tribunal de Ética de la orden.

“En el año 2015 el Colegio de Periodistas de Chile, a través de su Tribunal Nacional de Ética, expulsó a Agustín Edwards Eastman, dueño de la empresa periodística El Mercurio S.A por su rol en la dictadura militar sancionando los montajes y los distintos titulares que dañaron gravemente la dignidad de los familiares, la memoria de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y la sociedad en su conjunto. Anteriormente, en el año 2008, el Colegio de Periodistas pidió perdón a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos por el mal accionar de varios colegas que trasgredieron el Código de Ética de nuestra orden profesional”, apuntó.