Los casos de escuchas telefónicas y agresiones a la prensa. Según el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) desde octubre de 2019 a marzo de 2021, hubo 295 ataques a la prensa, considerando agresiones y detenciones. Entre enero y marzo de este año se contabilizan 60 casos: 22 detenciones y 38 agresiones. Hay acusaciones de torturas y golpizas en contra de periodistas por parte de funcionarios de Fuerzas Especiales.
Daniela Pizarro Amaya.
Presidenta Consejo Metropolitano,
Colegio de Periodistas de Chile.
Dos llamadas telefónicas salieron de La Moneda con el fin de intentar pautear el contenido del canal La Red y del conductor y periodista de Chilevisión Julio Cesar Rodríguez. Esta semana la investigación de la Fiscalía confirmó que el Ejército no solo espió al periodista Mauricio Weibel y miembros de su familia, sino también a Pascale Bonnefoy (corresponsal en Chile de The New York Times); Juan Cristóbal Peña (autor del libro “Los Fusileros”), Santiago Pavlovic (periodista de Informe Especial, de TVN); Danae Fuster (ex periodista de Informe Especial) y Javier Rebolledo (autor de libros sobre crímenes militares durante la dictadura). Se reveló además que la institución castrense engañó a la Corte de Apelaciones para conseguir el permiso para indagar al autor de la investigación “Milicogate”, diciendo que se trataba de una espía boliviana.
En medio de la etapa más grave de la pandemia del Covid-19 el ministro de Salud, Enrique Paris, se molestó por las críticas que emanan de medios extranjeros y se atrevió a tildarlas de fakenews. El mismo Paris cuando entregó las cifras más altas respecto a los contagios optó por cerrar el punto de prensa sin recibir preguntas.
En todas las jornadas de manifestaciones hay decenas de reporteros agredidos por la policía. Hay detenciones e incluso formalizaciones, pese a que las y los colegas portan sus credenciales, salvoconductos y grandes cámaras que denotan su labor.
Podríamos decir además que se está hablando de ataques dirigidos de los uniformados hacia reporteros/as, es decir, reiteradas detenciones de las mismas personas e incluso casos más graves como el vivido por la secretaria general del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile, Ana María Olivares, a quien le impactó un balín en la cara mientras estaba en el patio de su casa. El ataque ocurrió el 29 de marzo cuando se desataron varios enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros en Villa Francia, en el marco del Día del Joven Combatiente. Esa jornada estuvo marcada por la dura represión policial, pero solo resultó herida la periodista y su sobrino que ejerce como fotógrafo. Desde Carabineros se aseguró que no habían utilizado armas disuasivas no letales en ese sector y desde el gobierno, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, afirmó que el balín disparado era de goma, no de metal, con lo cual intentó quitar importancia a la agresión.
Según el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) desde octubre de 2019 a marzo de 2021, hubo 295 ataques a la prensa, considerando agresiones y detenciones. Entre enero y marzo de este año se contabilizan 60 casos: 22 detenciones y 38 agresiones. Hay acusaciones de torturas y golpizas en contra de periodistas por parte de funcionarios de Fuerzas Especiales. Hechos que se están investigando. Pese a que según el mismo informe de ODC la impunidad sigue a sus anchas. De acuerdo al análisis hay 33 casos presentados, los que disponen de información y donde se ha podido realizar seguimiento de su avance, de ellos 25 se corresponden con acciones penales, de las cuales sólo 2 presentan avances en la sanción a los responsables, con lo cual la tendencia general es la falta de avances desde la presentación de la querella.
Todos estos antecedentes fueron presentados por el Colegio de Periodistas de Chile ante el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, y la subsecretaria Martorell, como hechos plausibles de violación a la libertad de expresión. Sin embargo, los representantes del Ejecutivo aclararon que creen en la libertad de expresión como derecho fundamental también en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Aunque suene a una broma de mal gusto, esa fue la respuesta del secretario de Estado, incluso recordó que le tienen prohibido el ingreso a Cuba. También aseguraron que los protocolos de Carabineros están aprobados, incluso por organismos de derechos humanos. Lo claro es que los uniformados no respetan dichos protocolos y tampoco tendrán el interés de hacerlo, porque ambas autoridades dijeron que ellos no tienen cómo saber lo que hace la policía en la calle.
Como si eso fuera poco el ministro Bellolio intentó equiparar los ataques sufridos por reporteros a manos de uniformados con los ataques virtuales que sufren también periodistas por redes sociales, los que por cierto son repudiables, pero que por respeto a las víctimas no tienen ninguna comparación.
La realidad es que al gobierno poco le importa que haya decenas de trabajadores/as de la prensa con trauma ocular a manos de agentes policiales y que se coarte de manera arbitraria el derecho a informar. Menos les importa que haya justicia, porque no han apoyado ninguna de las querellas que han interpuesto las víctimas de la prensa, salvo la que se presentó por el ataque que sufrió el equipo de TVN en Tirúa (Iván Núñez y Esteban Sánchez).
Prueba de ello, además, es que durante casi un año el Colegio de Periodistas de Chile entregó salvoconductos en contexto de toque de queda por el estallido social y por el estado de emergencia gatillado por la crisis sanitaria. Desde hace una semana, con reuniones y varias comunicaciones de por medio, la Subsecretaría de Prevención del Delito decidió cesar la entrega de esos permisos, dejando trabajar como prensa solo a quienes tengan acreditación de medios de comunicación y a quienes porten credencial del Colegio de Periodistas de Chile y su título profesional. Esta decisión no es al azar, ya que las autoridades saben que las empresas periodísticas de los grupos económicos entregan sus propios permisos y son solo los reporteros (periodistas, gráficos, camarógrafos) independientes los que acuden a la Orden.
Chile vive uno de los episodios más oscuros en materia de libertad de expresión después de la dictadura. Quienes por años han defendido el paradigma de la libertad se vuelven selectivos cuando afecta a temáticas que se alejan del mercado. Estamos padeciendo una de las pandemias más duras de los últimos tiempos que llegó a frenar unos de los procesos más importantes en materia de rebelión social. Esta segunda administración piñerista quedará en la historia como un gobierno autoritario, indolente y represor.
La libertad de expresión, como sostuvo Mauricio Weibel, es uno de los derechos humanos más importantes de garantizar, ya que con ello podemos exigir todos los demás. El derecho a la comunicación, que contemple la libertad de expresión y de información plural, debe ser discutida en la futura Convención Constitucional. Informar no es delito.